RIQUEZA, ESTADO Y CAMBIO: ¿UNA NUEVA OPORTUNIDAD?

Laura Alonso

Hace más de cien años la Argentina se encaminaba a ser un país desarrollado. Ubicado en un lugar extraño del mapa mundial, había iniciado un proceso de desarrollo económico, político y social gradual desde fines del siglo XIX. Sin embargo, hace varias décadas observamos cómo las crisis políticas y económicas recurrentes no permiten a la nación ingresar en un camino virtuoso de desarrollo con libertad.

La Argentina se vive comiendo su stock de riqueza económica, cultural e institucional. Si la misma vocación de destrucción la tuviéramos por la creación de riqueza y empleos, la defensa de la libertad y la calidad educativa, qué buen futuro de desarrollo nos esperaría.

Pero para distribuir riqueza, hay que generarla. La estadística demuestra que nos ha costado y cuesta cada vez más hacerlo. Además, cierto discurso ideológico demoniza a los ricos, quienes finalmente son los únicos que poseen capital para invertir y generar empleos. El problema es que la Argentina espanta al emprendedor, al comerciante, al productor, al industrial.  Expulsa al que arriesga, invierte y quiere vivir en el marco de la ley.

Lamentablemente, la Argentina sólo se vuelve atractiva de vez en cuando para aquellos que compran y venden bonos de países pobres y de alto riesgo para enriquecerse rápido y huir. Instalar una inversión a 50 o 100 años, como hacían los empresarios americanos, italianos, ingleses y alemanes hace cien años, no parece viable actualmente para ellos y para nadie. Si los queremos de vuelta (porque cada vez que pueden liquidan y se van a algún país vecino), tenemos que pensar que la estabilidad y la previsibilidad que dan las instituciones adecuadas (no cualquiera) se vuelven fundamentales. No hay un buen desarrollo material sin buenas instituciones.

El Estado debe ser eficiente y transparente, una máquina efectiva para resolver problemas con políticas públicas adecuadas. En todos los poderes y en todas las jurisdicciones el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio (y para el financiamiento espurio) del que manda.

Hay que disputar esas creencias y demolerlas con datos, soluciones y políticas públicas inteligentes, innovadoras y viables.

Argentina nunca podría haber sido Canadá porque el Estado es coto de caza del que gobierna, porque la corrupción es rampante, por nuestro federalismo enfermo y por los discursos políticos divisivos que hacen mella hace décadas. Tampoco podría haber sido Finlandia porque en Argentina las libertades molestan, el mercado es un cuco muy malo, la calidad institucional de los sindicatos y las empresas es una muralla para el desarrollo y la permanente intervención de la Iglesia católica en los asuntos de Estado es insoportable.

Mientras el Estado siga siendo patrimonio del que gobierna o se utilice para esconder en sus líneas a estructuras de militantes ideológicos que operen en su contra, no habrá desarrollo justo e inclusivo. Mientras el favoritismo y las conexiones sean más importantes que la ley y los reglamentos, no bajará la corrupción; mientras los jueces y los fiscales tengan demasiados “amigos” con poder, reputaciones dudosas y pocas luces intelectuales, no habrá Justicia independiente e imparcial.

En mi opinión, tratamos de cambiar muchas de estas cosas en nuestra gestión presidencial y no fue nada fácil.  En mi campo, puedo decir que se garantizó el acceso a la información pública a todas las personas, se promovió como nunca antes el gobierno abierto y la publicidad masiva de bases de datos públicas, se revolucionó el funcionamiento administrativo con el expediente electrónico, se redujeron miles de trámites engorrosos e innecesarios y otros se digitalizaron, se establecieron controles sobre el patrimonio de los funcionarios y sus intereses, y se rehabilitó el debate sobre la integridad pública y privada y la corrupción (hoy cancelados). También se ejerció la libertad de expresión sin consecuencias (como debe ser), la libertad de reunión y asociación estuvieron garantizadas, el federalismo fue más institucional y menos “político”, y se inició un camino de despolitización judicial.

En esos cuatro años, gracias a la demanda social y la Ley del Arrepentido, la Argentina fue testigo de decenas de confesiones que relataban el funcionamiento de la corrupción. Y sucedió sólo en una de las ramas del frondoso árbol corrupto: la de infraestructura. Para muestra vale un botón, suelen decir. También hubo condenas en juicios históricos como el de Once o contra el ex Vicepresidente Amado Boudou.

Nos queda la amargura de no haber tenido más tiempo, pero también la esperanza de que esta experiencia será el inicio de una nueva oportunidad de gobierno. El electorado decidió cambiar el rumbo en 2019 y probablemente haga lo mismo en 2023. Entristece el doble que estos cambios que tanto costaron implementar y habían venido para quedarse y profundizarse (porque quedaba mucho más por hacer), no tengan una valoración positiva en el actual gobierno.

En un ensayo de mediados de los noventa titulado “La Cuadratura del Círculo”, Ralf Dahrendorf nos recuerda lo difícil e importante que es construir el equilibrio entre el bienestar económico, la cohesión social y las libertades públicas. Es casi imposible, nos dice, pero hay que intentarlo. Alemania, Suecia, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU, Canadá, Finlandia o Nueva Zelanda han tratado de acercarse a la solución de ese dilema por distintos caminos. No hay uno único, ni mejor: son distintos. Pero todos esos caminos están cruzados por el respeto a la libertad, un Estado eficiente y trasparente, una Justicia independiente y la promoción de la inversión individual y corporativa. Algunos también hoy crujen por sus propias fallas. Sin embargo, la historia nos enseña que estas naciones salen mejoradas de las crisis. ¿Podrá la Argentina cortar su camino de decadencia?

No se crece rápido, ni sin acuerdos políticos, sociales e institucionales; lleva tiempo. Lo trascendente no es acordar sino sostener el consenso por décadas. Construir esos acuerdos será el desafío de los tiempos que vienen. Del viejo “Diálogo Argentino” del que participé en 2002, como miembro de la sociedad civil, recuerdo las ideas y los planes pero sobre todo la variedad de actores que participamos. Lamentablemente, hoy muchos no se sentarían a esa misma mesa. Por el bien del país, debemos hacerlo: sin consenso político, ni cohesión, no habrá desarrollo posible y menos aún sustentable para nadie.

Laura Alonso es politóloga. Fue miembro de Poder Ciudadano (2002-2009), Diputada Nacional (2009-2015) y titular de la Oficina Anticorrupción de Argentina (2015-2019).