Por Laura Rodríguez Machado
Lo más elemental a la hora de generar empresas y por lo tanto mejorar la prosperidad de un país y la calidad de vida de su gente es tener reglas claras, un orden jurídico que sea igual para todos e instituciones fuertes. Pero, ¿qué pasa cuando esto no se da? ¿Es posible sancionar leyes que ayuden a este propósito?
La respuesta es sí y el ejemplo es la llamada ley de creación de las S.A.S., las Sociedades por Acciones Simplificada. Emprendedores, especialistas, legisladores y gobierno trabajaron codo a codo para lograr que, a través de la sanción de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, el país tuviera la oportunidad de aprovechar los beneficios que la SAS demostró dar en tantos países del mundo, en donde su surgimiento causó una revolución en materia de inversiones.
Hoy podemos afirmar que el éxito de la SAS tiene pocos precedentes. En solo tres años de existencia logró, según datos de AFIP, ser el tipo societario de mayor presencia con el 54,7% del total de empresas, muy por encima de las tradicionales Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada, cuyas pesadas y rígidas estructuras no supieron adaptarse a los nuevos tiempos. ¿En qué se traduce esto? En la creación de aproximadamente 47.310 puestos de trabajo e infinitas oportunidades y progreso.
La mayoría de los países del mundo adoptan esta modalidad societaria, que con los debidos recaudos y control, permiten una rápida inscripción y agilidad en el manejo de sus libros y constancias legales.
¿Por qué, entonces, legisladores del actual oficialismo buscan suspender la inscripción de este tipo societario?
Ricardo Nissen, la persona elegida por el actual gobierno para conducir nuevamente la IGJ (Inspección General de Justicia), hizo todo lo posible desde su asunción en la entidad para destruirlas. Excediendo ampliamente sus facultades, dictó numerosas resoluciones generales mediante las cuales modificó completamente el sentido que la ley le dio a la SAS, otorgándole poderes de fiscalización a la IGJ que bajo ningún punto de vista le correspondían, haciendo incurrir en innecesarios gastos a los emprendedores. La total arbitrariedad de un organismo estatal implicó impedimentos administrativos, dándole rigidez a lo que nació para ser flexible y adaptable a los nuevos tiempos, e incluso quiso eliminar la SAS digital y los libros digitales para forzar una vuelta al papel.
Este accionar hizo que la Asociación de Emprendedores de Argentina junto a decenas de abogados de incuestionable expertise, presentaran en el Juzgado Comercial Nº 24 un amparo con el objetivo de declarar la nulidad de tales resoluciones.
Apoyando ese accionar, y en un momento de pandemia y paralización de la economía en el mundo, donde justamente se debería promover la actividad económica con más decisión que nunca, el oficialismo presentó un proyecto de ley que suspende las inscripciones de este tipo societario por 180 días. A su vez sigue la idea de reempadronarlas bajo formas societarias que han demostrado no ser aptas para este tipo de pymes.
Es impensado que en épocas donde el emprendedurismo necesita apoyos para dar trabajo y generar riqueza, se aprueben proyectos poniéndoles trabas. Ese proyecto insólito cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. La mayoría de los senadores que ahora se oponen dieron su voto afirmativo al crearlas.
La batalla por el crecimiento económico está ahora en terreno legislativo, donde hay que defender la idea de que la multiplicidad de empresas pequeñas puede generar una enorme riqueza para el país. Por lo tanto, simplificar su creación, dándole rapidez y transparencia, es elemental para el despegue económico de la Argentina.
Laura Rodríguez Machado es Senadora Nacional por la provincia de Córdoba.