Por Adriana Cáceres
Qué lejano nos parece aquel anuncio del denominado “Plan Federal de Seguridad” llevado adelante por la ministra Sabina Frederic allá por febrero de este año. Hasta la fecha no hemos visto ningún tipo de avance en este sentido y, para peor, nuestro país se encuentra luchando para mitigar los efectos de la pandemia producida por el virus Covid-19.
Este suceso de impacto global tuvo su repercusión a nivel local con la implementación de medidas de restricción de circulación y de distanciamiento, que ya llevan 130 días en nuestro país. Estamos ante la cuarentena más extendida a nivel mundial, que comenzó a reflejar un fuerte golpe en los ingresos familiares y un alto nivel de conflictividad y malestar social.
Mientras el Plan Federal de Seguridad prometía aumentar los controles, integrar las fuerzas federales con las locales y continuar equipando a las fuerzas de seguridad, lo cierto es que nos encontramos ante fuerzas policiales focalizadas en controlar el cumplimiento de la cuarentena y no así en patrullar las calles y proteger a los vecinos. Una medida nacional que no contribuye ante este difícil panorama es que presenciamos un inédito proceso judicial de otorgamiento de prisiones domiciliarias, alentado por el Gobierno.
Si bien es real el crecimiento de la población carcelaria y de los detenidos en comisarías, esto se dio por la ejecución de una fuerte política de seguridad implementada durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri a nivel federal, y de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, la cual vemos discontinuada en el presente gobierno.
En este sentido, a través de una fuerte voluntad política, a fines de 2016 se sancionó la ley de flagrancia, la cual incorporó un procedimiento que permite resolver, de manera rápida, los casos de autor conocido y prueba sencilla, donde los detenidos, sorprendidos in fraganti, son puestos a disposición del juez de manera inmediata y juzgados mediante un sistema oral abreviado.
Eligiendo desde el primer día estar del lado de las víctimas, es que desde Juntos por el Cambio enfocamos nuestra política de seguridad hacia la detección rápida del delito y a la integración barrial de las fuerzas de seguridad, perspectiva de abordaje que tuvo gran aceptación de la ciudadanía mediante el programa Barrios Seguros.
Lamentablemente con el cambio de gobierno y el cambio de paradigma en cuanto a políticas de seguridad, desde el ejecutivo se fomentó la liberación de detenidos en proceso judicial, situándolos en un contexto de cuarentena estricta sin salida laboral y con la reincidencia del delito a la vuelta de la esquina. En este sentido, con total liviandad la interventora del Servicio Penitenciario Federal anunció un aumento de la criminalidad y del delito contra la propiedad, sin especificar ningún tipo de plan de acción ante este panorama.
Ante el evidente aumento del delito, no llama la atención que en su mayoría los involucrados fueron personas recientemente liberadas. Esta situación se ve agravada ante la evidente falta de coordinación entre los ministerios de seguridad de Nación y de la Provincia de Buenos Aires, planteando un escenario de elevada complejidad y desprotección para los vecinos.
El aumento de la conflictividad social y la defensa por mano propia no hace más que dejar en evidencia la ausencia del estado en cuanto su responsabilidad de garantizar la seguridad y el sentimiento de desamparo que sienten vecinos, en especial de la Provincia de Buenos Aires, que ha ido en aumento desde el inicio del aislamiento.
Desde la oposición no fuimos, no somos, ni seremos ajenos al problema de la inseguridad en los barrios. Hemos presentado distintos pedidos de informe al Poder Ejecutivo donde se exigen distintas respuestas. En particular, en los últimos días presenté el proyecto de ley para aumentar las penas ante el delito de usurpación de terrenos y propiedades, tanto privadas como públicas, porque hoy este delito de violación de la propiedad es excarcelable.
Esperamos que el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires tomen medidas urgentes. Mientras tanto, en nosotros van a encontrar una oposición responsable, con la voluntad política de contribuir a hacer frente al flagelo de la inseguridad y con la experiencia de haber llevado adelante una política de seguridad integral que obtuvo importantes resultados en la lucha contra el delito.
Adriana Cáceres es politóloga y diputada nacional