REVISTA REPUBLICANA: El oficialismo parece haberse estancado en Diputados con el proyecto de reforma judicial. ¿Cómo está hoy la relación de fuerzas en la Cámara Baja?
LUIS PETRI: Hoy el oficialismo tiene 119 legisladores y no llega al quórum propio así como tampoco tiene la mayoría para aprobar el proyecto, necesita de otros bloques. En Juntos por el Cambio somos 116 legisladores y no vamos a votar la reforma judicial, de hecho hemos reclamado su retiro del Congreso. Si el oficialismo quiere aprobar la reforma, va a necesitar apelar a bloques opositores minoritarios que van a pagar un costo altísimo, ya que la sociedad está expectante respecto de lo que suceda y tiene muy en claro que este no es un proyecto para mejorar la justicia sino que lo es para profundizar su dependencia política. Quienes acompañen este proyecto, sin lugar a dudas, el año que viene van a disputar sus votos en el espacio oficialista del electorado pero no ya en el opositor.
RR: A raíz de estas dificultades ha vuelto a emerger la práctica de ofrecer obras y fondos nacionales a las provincias, a cambio de votos en las Cámaras. Sin embargo, en esta ocasión, la novedad radica es que esto se ha planteado abiertamente y es por eso que el proyecto de reforma se votaría en la Cámara baja al mismo tiempo que el Presupuesto. Como diputado nacional, ¿qué opina de esta actitud y estas prácticas?
LP: Vuelven las peores prácticas del Kirchnerismo, de sometimiento a gobernadores y asfixia financiera a quienes no comparten el espacio político del Gobierno, eso debilita al federalismo. Esto no debería ser así, somos un país federal y desde Nación se deberían repartir los fondos de manera equitativa, justa, por coparticipación. El reparto discrecional por afinidad política termina perjudicando a la gente. Pasamos de un Federalismo de Concertación a un “Federalismo de Cotillón” para los amigos. El Gobierno Nacional en pandemia, con cuarentena y superpoderes se comporta como patrón de estancia frente a las provincias. Sometimiento político o ahogo fiscal no puede ser la disyuntiva.
RR: Hoy, cuando el Gobierno impulsa una reforma judicial en el medio de una pandemia global de consecuencias económicas sin precedentes, vuelve a cobrar centralidad el alejamiento de la agenda de la política respecto a los reclamos de la sociedad. ¿Cree que puede surgir una crisis de representación a partir de todo lo que está pasando?
LP: La representación está en crisis desde hace mucho tiempo y la pandemia ha profundizado aún más esta situación, teniendo en cuenta que las respuestas políticas en muchos casos están yendo a contramano de las demandas sociales. La Reforma Judicial, la fallida expropiación de Vicentin o la liberación de 4.500 presos son una muestra de ello. El único plan que se le conoce al Gobierno es el de concentrar y acumular poder, incumplir la Constitución, y con ello garantizar la impunidad de quienes están siendo investigados por corrupción.
RR: Las recientes declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde han encendido la alarma en todo el arco político. ¿Qué piensa sobre lo que dijo el ex mandatario?
LP: Es realmente preocupante que un ex presidente se exprese de esa manera. Fue antidemocrático decir que no van a haber elecciones libres el año que viene. Los argentinos debemos abrazar la Constitución Nacional, defender las instituciones y garantizar una República. Cualquier otra opción es inadmisible y nos rememora las épocas más oscuras que vivió nuestro país desde 1930 hasta la vuelta de la Democracia.
RR: Antes de que llegara la pandemia, ¿cuál era su agenda legislativa para este 2020?
LP: Impulsar la reforma del Código Penal me parece absolutamente necesario, teniendo en cuenta que ya ingresó el proyecto al Congreso y nuestro Código Penal está por cumplir 100 años el próximo año, lo que demuestra y despeja cualquier tipo de duda respecto de la necesidad de su reforma integral más allá de los parches y remiendos que se le ha hecho. Además, creo necesario discutir un nuevo régimen penal juvenil, ya que el actual es de la época de la Dictadura, en donde discutamos entre otras cosas la baja de imputabilidad de quienes cometen delitos graves y violentos, pero que no necesariamente se circunscriba exclusivamente a la edad, sino que dé una respuesta integral a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
RR: Por último, continúa al día de hoy la discusión acerca de las sesiones virtuales y las presenciales en el Congreso, ¿cuál es su posición al respecto?
LP: El oficialismo en la pandemia concentró poder en el Ejecutivo como no existen precedentes en la historia Argentina reciente, con una Justicia en feria y paralizada y un Congreso rengo y con tapabocas. Las sesiones virtuales son a medida del oficialismo ya que plantean agendas consensuadas con debates acotados, algo que puede funcionar en contadas ocasiones pero que si se sostiene en el tiempo, debilita institucionalmente al país, ya que saca de la cancha a uno de sus poderes mientras el otro gobierna mediante DNU. Es importante decirlo: cada Decreto de Necesidad y Urgencia que dicta el Poder Ejecutivo supone una claudicación del Congreso de la Nación de las facultades que le son propias.
Luis Petri es diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza.