REVISTA REPUBLICANA: Chubut viene teniendo problemas financieros muy complejos desde antes de la pandemia. ¿Cómo es la situación actual de la provincia?
GUSTAVO MENNA: La situación de Chubut es calamitosa. Tiene un déficit de al menos $ 30.000 millones anuales en un presupuesto de $ 120.000 millones. Esto quiere decir que le falta uno de cada cuatro pesos que tiene que erogar. Y esto en un presupuesto prácticamente limitado a pagar sueldos, ya que la obra pública es casi inexistente (apenas $ 1.500 millones, que por supuesto no se ejecuta). La consecuencia es que se ha llegado a generar el atraso de tres meses de sueldos y el aguinaldo para alguna parte de los agentes públicos. Al día de hoy se adeudan los sueldos de julio, agosto y el aguinaldo. Esto no solo repercute sobre los derechos de 62 mil empleados públicos, sino que además provoca la parálisis casi total del Estado, que no presta los servicios a su cargo. Los chicos ya prácticamente han perdido dos años de clases, los pueblos del interior sufren cortes recurrentes en los servicios de energía eléctrica, la Justicia está funcionando a media máquina, la Legislatura no puede sesionar, y hasta trámites burocráticos como inscribir una sociedad comercial en la IGJ o hacer un cambio de domicilio en el registro civil es prácticamente imposible. A esto hay que sumarle que la provincia tiene una deuda financiera contraída en dólares de la cual restan pagar unos u$s 900 millones, que se repaga con cesión de regalías y también hay deuda con proveedores que data de hace seis años, por más de $ 5.000 millones. Se trata de una sucesión de gobiernos que desde 2003 han hecho un desastre con la provincia, pese a haber recibido en ese mismo período los mayores ingresos de su historia. Las provincias petroleras tienen una tercera fuente de financiamiento además de la coparticipación y los impuestos propios: las regalías. Estas representaron históricamente un equivalente a u$s 100 millones anuales. Desde 2005, como consecuencia de que el barril pasó de u$s 8 a u$s 140, pasaron a representar u$s 500 millones anuales, como consecuencia del mayor precio unitario y del boom de inversiones que llevó a Cerro Dragón a ser el yacimiento de mayor producción en la Argentina. Sin embargo, en lugar de servir para mejorar la calidad de los servicios públicos y diversificar la economía, se utilizaron para hacer demagogia, la planta de personal pasó de 23 mil empleados que dejó el gobernador radical José Luis Lizurume a 62 mil, se tomó una deuda exorbitante en dólares y con las regalías cedidas en garantía y se multiplicaron los hechos de corrupción.
RR: ¿Cómo vió la decisión del gobierno nacional de afectar fondos coparticipables de la ciudad de Buenos Aires para asistir a la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que hay muchas provincias que se encuentran en una situación delicada?
GM: La decisión de quitarle más de un punto de coparticipación a la CABA es un acto inconstitucional, ya que la coparticipación es, según el art. 75 inc. 2 de la Constitución Nacional, un «contrato» federal en el cual la Nación y las provincias (la CABA lo es según la jurisprudencia de la Corte) deben ponerse de acuerdo en tres puntos: 1) qué impuestos son coparticipables; 2) cómo es la distribución primaria, es decir cuánto se queda el Estado federal y cuánto se asigna a las provincias; y 3) cómo es la distribución secundaria, esto es, cuánto se lleva cada provincia de la parte que les toca a ellas en su conjunto. Todo esto requiere un acuerdo y luego aprobación por ley nacional y de cada provincia. El decreto de Alberto Fernández es un acto unilateral que no solo se dispuso por decreto cuando debe ser por ley: se hizo sin ese acuerdo previo y consistió en auxiliar a una provincia (PBA) metiéndole la mano en el bolsillo a otra (CABA). En todo caso, los auxilios federales a las provincias deben ser hechos metiendo la mano en el propio bolsillo de la Nación. Es un precedente peligroso y por eso no se entiende que 19 gobernadores de provincias peronistas hayan aplaudido semejante decisión publicando una solicitada de apoyo, ya que el día de mañana le puede pasar a cualquiera de esas provincias.
RR: La Corte Suprema parece tener en sus manos una decisión que puede sentar un precedente muy peligroso para la República. ¿Cómo analiza esta situación? ¿Cree que puede haber un antes y un después a partir de lo que decida la Corte?
GM: La Corte tiene la obligación constitucional de expedirse en relación a los decretos que dejaron sin efecto los cargos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Es la primera vez en la historia argentina que un juez (en este caso tres jueces) es desplazado de su cargo por decreto. Esto solo pasó en dictaduras que llegaron al poder usurpándolo por golpes de Estado. Los jueces tienen asegurada la inamovilidad en sus cargos por la Constitución mientras dure su buena conducta. Solo pueden ser desplazados de esos lugares por mal desempeño o comisión de delitos. Y solo pueden resolver ese desplazamiento el Senado previa acusación de la Cámara de Diputados en el caso de los jueces de la Corte, y un jurado de enjuiciamiento con acusación del Consejo de la Magistratura en el caso de los demás jueces. Nunca puede resolver un desplazamiento el Poder Ejecutivo como ha ocurrido en este caso. Corresponde entonces que la Corte se expida en el planteo que han hecho estos tres jueces. No solo porque los afecta a ellos, sino por la gravedad institucional comprometida en la cuestión, ya que jueces expuestos a ser removidos por el Presidente implica destruir la idea de un Poder Judicial independiente.
RR: ¿Qué análisis hace de las protestas que vienen aconteciendo en distintos puntos del país?
GM: Las movilizaciones populares de los últimos meses tienen que ver con el agotamiento de un modelo populista que repudia la mayoría de la sociedad argentina y que respecto de este gobierno se siente defraudada, ya que lo votó pensando en que venía con una agenda de futuro y se encontró con que fue engañada y sometida a una agenda que reivindica las prácticas y lo actuado durante el período kirchnerista. Esto demuestra que la calle no tiene dueño, que la sociedad está vigilante y atenta a defender los valores republicanos y democráticos que hicieron de la Argentina un país respetado y reconocido en el concierto mundial, y que está dispuesta a revertir un ciclo de decadencia que no nos merecemos.
Gustavo Menna es diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Chubut.