REVISTA REPUBLICANA: El homicidio en retiro puso otra vez en agenda el debate sobre la ley penal juvenil. ¿Cuál es su evaluación sobre lo sucedido y qué piensa sobre este debate?
MARCELO CARLOS ROMERO: Es un tema que surge permanentemente cada vez que un menor de 16 años, es decir inimputable, comete un delito de la gravedad del homicidio. Es un debate que permanentemente no se da, es decir, es un “no debate”. Porque no solo debe hablarse de la baja de la edad de imputabilidad, como tienen otros países, sino que también merece un abordaje integral de la problemática. En lo personal, creo que no alcanzaría con un descenso en la edad de imputabilidad, porque sería arbitrario afirmar que una persona que apenas cumplió los 16 años, en 24 horas pueda haber cambiado en su madurez y en su comprensión de la criminalidad de sus actos. Simplemente es una arbitrariedad de la ley. Yo creo que, si bien tiene que haber un límite concreto y objetivos dentro de la ley, tiene que haber también una evaluación psicológica para tener en cuenta, por ejemplo, la madurez de ese joven. Establecer médica y científicamente, si comprendió o no la criminalidad del acto, tal y cual hacemos con los mayores.
RR: Este es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo en Argentina. ¿Porqué cree que no podemos llegar como sociedad a un acuerdo con respecto a cómo afrontar estas situaciones?
MCR: La discusión de fondo no se da porque es un tema políticamente incorrecto. Porque se teme al rótulo, en lugar de discutir ideas y posturas. Se teme al rótulo, al ser tildados de “fachos”, de tener un pensamiento de “mano dura”. El político no quiere saber nada con eso, porque está permanentemente con la encuesta de opinión y los conteos de imagen y así, los grandes debates se van postergando. Sucede ahora con la ley del aborto, por ejemplo. Se toman decisiones de acuerdo con el humor social, a lo que se dice en las redes sociales, a las encuestas de opinión. No es un debate científico ni mucho menos, es un debate oportunista sobre temas que merecen otra profundidad. Yo creo que, algún día, alguien deberá tomar la decisión, aunque se inmole políticamente.
La ley penal juvenil hoy existe en la provincia de Buenos Aires. El problema, es que los argentinos creemos que los grandes problemas se solucionan con leyes y las leyes son palabras, son oraciones, son frases. Si detrás de ella no tenemos la infraestructura necesaria, los organismos, los funcionarios, entre otras cosas, para crear un sistema, la ley no sirve. La ley es simplemente el inicio, usando una expresión futbolística: es la patada inicial. La ley por sí sola no soluciona ningún problema. Si solamente con la ley alcanzara, sería todo muy sencillo y cambiaríamos el mundo simplemente sancionando o eliminando leyes. Sí tenemos una ley penal juvenil pero no tenemos los establecimientos, no tenemos el personal, no tenemos la vocación en los funcionarios, no tenemos el dinero y no tenemos la decisión política de hacerla cumplir, la ley puede ser muy buena, pero no va a funcionar y de hecho no está funcionando. Eso no significa que no haya compromiso por parte de los magistrados, que son personas escogidas por concurso exclusivamente para ser magistrados del fuero penal juvenil. Pero siempre nos quedamos a mitad de camino, por eso, es que no sirve hablar solamente de la ley.
RR: Por otro lado, esta semana la Corte dejó firme la sentencia del ex vicepresidente Amado Boudou y esto tuvo una inmediata réplica por parte del gobierno y la militancia kirchnerista. ¿Cómo evalúa esto?
MCR: Las reacciones a partir de la sentencia que dejó firme la condena del exvicepresidente Amado Boudou, me causaron realmente espanto. No me refiero a las expresiones de militantes, que tienen derecho a expresarse, ni del periodismo que hizo una crítica científica. Lo que no puede admitirse, es una crítica del presidente de la Nación, de senadores y diputados, de gobernadores, porque, justamente, son ellos los que representan al Estado de derecho frente a la comunidad. Son los que deben ser los abanderados al respeto a la decisión de otro poder, aunque tengan una opinión en la que pueden disentir, pero, obviamente, no la pueden hacer pública. Yo tengo restringidas mis opiniones en muchos temas, porque yo no puedo andar criticando, por ejemplo, a mis compañeros, al procurador general, a los jueces de garantías que trabajan conmigo. Eventualmente, puedo hacer una crítica científica- como ésta que estoy haciendo- o una opinión general, pero no criticar un fallo judicial. Yo debo dar el ejemplo del respeto y mucho más cuando se trata del máximo tribunal argentino como es la Corte Suprema de Justicia. A mí me causó espanto realmente con respecto a la ética de los altos funcionarios del gobierno y los otros poderes. Espero que sea material aprendizaje, independientemente del derecho de defensa que tiene Boudou.
RR: Por último. ¿Qué piensa sobre la posibilidad de que Alejo Ramos padilla quede frente al juzgado federal de La Plata con competencia electoral?
MCR: No lo conozco personalmente. Sé que se ha hecho famoso por las causas en las que ha actuado últimamente, pero entiendo por lo que he leído, que ha aprobado los exámenes y ha sacado la nota suficiente como para estar ternado. Tenemos que respetar tanto el derecho del presidente de Nación y del Consejo de la Magistratura, como el del Senado. En lo personal, preferiría que los jueces no fueran militantes y, en todo caso, que no expresaran públicamente sus ideologías- que las tienen obviamente como las tenemos todos- pero es aconsejable no hacerlas públicas. Reitero, no lo conozco al doctor más que por sus actuaciones, hay quienes dicen que es un juez militante, no lo sé. Sería bueno, que sí va a ser el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, no lo sea, o por lo menos sea más reservado.
Marcelo Carlos Romero es fiscal el departamento judicial de la plata, a cargo de la fiscalía de instrucción número seis.