Por Nicolás Roibás
Desde hace mucho tiempo, en el mundo de la cultura argentina se plantean falsas dicotomías: Cultura vs Capitalismo; Estado vs Empresas.
En algunos de esos sectores, resulta socialmente aceptable hablar de la importancia que tienen las comunidades artísticas y el Estado para la cultura, pero no así las empresas.
Esto no sucede en muchos lugares del mundo, ya que en las naciones que tienen sistemas culturales pujantes, las empresas tienen una participación valorada por las comunidades artísticas y el público en general y ya nadie discute eso. Es prehistoria.
Puede que este sea uno de los motivos por el que Argentina nunca ha podido sancionar una ley de mecenazgo a nivel nacional. Una herramienta que ya no es para nada innovadora, sino que tuvo su esplendor en la década de los 90s en varios lugares del mundo y de la región y en los que demostró resultados tan interesantes como perfectibles. El mecenazgo es el sistema de deducciones impositivas al sector privado por aportes a proyectos culturales, así como también la regulación del patrocinio en actividades de esa índole.
En el año 2001, el país estuvo muy cerca de tener un sistema de mecenazgo con un proyecto de ley impulsado por el actor Luis Brandoni, una iniciativa que terminó siendo vetada más tarde por Eduardo Duhalde, con el fundamento de evitar afectar a la recaudación nacional en una época de crisis económica.
En los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, poco y nada se hizo en ese sentido. Sin embargo, en el año 2016, Mauricio Macri anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso, denominado “sistema de desarrollo cultural”. Este proyecto tenia como principal objeto el establecimiento definitivo de herramientas de colaboración público-privadas en el plano de la administración nacional, iniciativa que finalmente quedó enterrado en la burocracia política de la comisión de cultura del Senado. Aquella gestión, además, contaba inicialmente con una dirección nacional de mecenazgo, que buscaba jerarquizar esta mirada. Hasta el día de hoy, de vez en cuando, algún diputado o senador, hace la intentona con algún proyecto nuevo, que ni siquiera logra ser tratado en comisiones.
¿Por qué nunca se logró avanzar en este tema?
Muchos de los problemas que acarrean las políticas culturales en nuestro país son más profundos de lo que parecen, ya que están vinculados a una mirada prejuiciosa sobre el sector privado, los mercados y lo comercial.
Horacio Gonzalez escribió en Página 12 allí por el año 2016 ante el intento del gobierno de Cambiemos de establecer este sistema: “Más allá de sus deficiencias de concepción, mal conducido este instrumento jurídico produciría una mutación mercantil en los linajes culturales del país, que insertaría prepotentemente una bitácora de “clima de negocios” en la orientación y estructura de estimación colectiva del arte. Se mimetizaría progresivamente con la soterrada semiología publicitaria de la que son portadores los “gerentes de contenido” del capitalismo periférico. Son ellos los cautivos deliberados de la globalización de la decisión cultural, esa turbadora uniformización de la humanidad consumiendo a lo largo del planeta el mismo exterminador de mosquitos o la misma raqueta de tenis.
Habrá que preguntarle ahora a Cristiano Ratazzi o Paolo Rocca cuáles serán los cauces y orientaciones futuras de la cultura y la lengua nacional.”
Estas palabras explican muy bien el prejuicio injustificado que ha hecho que no podamos avanzar en estas cuestiones. Sobretodo, teniendo en cuenta que aquel proyecto de 2016 recogía la experiencia de décadas de funcionamientos de diferentes regímenes de mecenazgo y habían sido incluidos artículos para garantizar que no hubiera concentración de recursos en Buenos Aires, además, de que prohibía que se financiasen proyectos de fundaciones vinculadas a las empresas beneficiadas fiscalmente.
Por otro lado, las diferentes miradas sobre cómo llevar adelante una gestión eficiente complicaron también este panorama. Uno de las grandes discusiones de 2016 tuvo que ver con la integración de las comisiones u organismos decisorios sobre los proyectos culturales a aprobar. Allí la política metió la cola y las diferencias entre los colores partidarios se agudizaron. En el medio, la que sufrió fue la cultura.
La otra razón habitual, tiene que ver con una Argentina de crisis recurrentes. Fue un error el veto a la ley Brandoni, fue un error aún peor no haber sancionado una ley en la época del famoso viento de cola kirchnerista en el que el ejecutivo tenía mayoría en las cámaras, y fue un error que, aún en crisis y en minoría parlamentaria, el gobierno de Cambiemos no haya hecho un esfuerzo mayor para lograr que se sancione definitivamente.
Hoy Argentina está viviendo una nueva crisis, pero esta excusa ya está quedando vieja, porque la cultura cada día está más pobre.