Facundo Suárez Lastra
El impacto en lo sanitario, económico y social que tiene la expansión del COVID 19 sobre la área metropolitana de Buenos Aires pone en evidencia la falta de capacidades propias de la región para enfrentarlo adecuadamente.
El esfuerzo de coordinación y vocación por el trabajo conjunto de las tres administraciones involucradas: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires está siendo importante.
Sin embargo, a la vez se visualiza la carencia de un ámbito regional donde se planifiquen y coordinen adecuadamente las políticas. Esa es la razón por la que en este momento hemos presentado un proyecto de ley propiciando la creación de una Agencia Metropolitana.
Pensando en la enormidad de los desafíos a futuro y de las tareas por delante en la región, es indispensable que haya un espacio donde pensarla, organizarla, donde coordinar los esfuerzos y establecer las prioridades.
La desarticulación metropolitana condiciona las soluciones a problemas comunes. Esto se traduce en ineficiencia de los recursos asignados.
En un contexto inédito, en el que es más necesario que nunca disponer de recursos públicos para políticas sustantivas, en el que los márgenes para incrementar los ingresos públicos están condicionados por una situación económica bajo extrema presión, tanto en la Argentina como en la economía mundial, no podemos postergar una reforma indispensable para atender urgencias sociales, económicas, ambientales y de mejora de la calidad de vida.
Hace ya muchas décadas que se reclama un sujeto político capaz de hacer frente a una realidad que los límites administrativos de hace más de 140 años no reconocen. Desde el plan de la Comisión de Estética Edilicia en la presidencia de Alvear, pasando por numerosas instancias citadas en los diversos documentos de planeamiento a lo largo del siglo XX –entre las que destaco, por la voluntad política que expresaban, “La Comisión Nacional para el Área Metropolitana de Buenos Aires” creada por decreto del Presidente Alfonsín y dirigida por juan Portesi en 1987 y la “Comision Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires” creada por decreto del Presidente Macri en 2016, cuya dirección ejercí. Más allá de avances parciales y sectoriales, la cuestión metropolitana sigue esperando una definición política. Por distintos motivos, la respuesta institucional sigue esperando definiciones de nuestro sistema político.
Por supuesto, se trata de una decisión con consecuencias en el sistema de poder, cuyos conflictos y dimensiones no pueden ser ignoradas. Pero no menos conflictivas han sido las distintas instancias de articulación y acuerdo político necesarias para desarrollar soluciones, aunque sea imperfectas, y en permanente evolución, en áreas metropolitanas en otras partes del mundo.
Podría extenderme en los antecedentes nacionales e internacionales de construcción de sujetos políticos metropolitanos. Podría señalar, inclusive, que San Pablo, Río de Janeiro y la Ciudad de México, para mencionar las otras que en América Latina cuentan con más de diez millones de habitantes, cuentan en su distrito central más de un 50% de la población total de sus respectivas regiones. El Ente Metropolitano de Rosario ofrece sin duda uno de los ejemplos más avanzados del país, sobre el que hay mucha materia para reflexión y aprendizaje, aunque es necesario señalar que el propio municipio cuenta con una parte sustancial de la población. Posadas, Mendoza, Salta y otras ciudades argentinas también ofrecen antecedentes interesantes para Buenos Aires.
Hay quienes plantean que las diferencias políticas son insalvables si los gobiernos son de distinto signo. Es un argumento insostenible en la experiencia internacional, no sólo de integración metropolitana sino de integración continental. Recordemos la Comunidad del Carbón y del Acero firmada en 1951, entre países beligerantes hasta pocos años antes, luego profundizado por el Tratado de Roma en 1957. Recordemos, más cerca nuestro, cómo con la recuperación de la democracia pudimos firmar el tratado de paz con Chile en 1984, a pesar de las diferencias sustanciales con la dictadura que en ese momento imperaba del otro lado de la cordillera. Recordemos sobre todo el Mercosur, luego de tener hipótesis de conflicto militar con Brasil en épocas de dictadura en ambos países. Si pudimos concretar, con avances y retrocesos, procesos de integración entre países vecinos luego de hipótesis de conflicto militar, ¿cómo no vamos a poder avanzar en procesos de integración entre vecinos, sean o no de un mismo partido político?
La reforma de la Constitución nacional en 1994 abrió una puerta con el cambio de estatuto de Buenos Aires como capital federal, con la posibilidad de crear regiones entre provincias y con la consagración de la autonomía municipal como principio jurídico en la máxima jerarquía. Una puerta que hasta ahora no cruzamos.
Es razonable que el Congreso discuta la forma en que se asignan recursos nacionales al área metropolitana de Buenos Aires. Que se consideren los criterios de justicia territorial, inclusive en la forma en que cada provincia hace frente a políticas tarifarias y de subsidios. Lo que no es razonable es que los recursos asignados dentro de la región se derrochen por falta de articulación. Y que esos recursos nacionales que no terminan de llegar a destino se sumen a los que con iguales presiones por demandas y necesidades se sumen a otros que aportan los respectivos distritos. Es inaceptable.
En forma convergente a una discusión pendiente sobre la coparticipación federal, materia pendiente de la democracia, una política de salud integrada que nos haga menos vulnerables frente a las amenazas de distinto orden, un tratamiento político de la cuestión metropolitana merece el máximo nivel de prioridad legislativa. Es más, tratar la cuestión metropolitana es una de las claves para destrabar viejas deudas pendientes de nuestra agenda legislativa.
Por supuesto, el proyecto es perfectible. Se presenta como base para iniciar un tratamiento. Ha sido formulado en base a diálogos sostenidos con actores plurales, tanto desde lo político como desde lo académico. Merece un diálogo político más profundo, del que sin duda surgirán contribuciones y modificaciones que lo hagan mejor. En un solo punto queremos ser taxativos: el sujeto político a construir no debe generar nuevos gastos, sino una reasignación de recursos existentes. Sí está llamado a ofrecer beneficios impostergables, en el marco de las definiciones políticas pendientes y en el marco de la consolidación de la función pública en los distintos niveles de gobierno. No hay más margen para postergar soluciones que puedan revertir la pobreza y la desigualdad, potenciar el desarrollo económico y social, proteger el medio ambiente y favorecer la integración federal.
Facundo Suárez Lastra es diputado nacional. Fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires (1987-1989), Legislador Porteño (1997-2000) y Secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (2000-2002).